La geolocalización en el contexto de la LFPIORPI se refiere a la obligación de las entidades de registrar la ubicación geográfica desde donde sus clientes realizan operaciones. Esto aplica especialmente a operaciones realizadas a través de medios electrónicos o de internet. La geolocalización ayuda a identificar patrones inusuales, como operaciones realizadas desde ubicaciones de alto riesgo o inconsistentes con el perfil del cliente. Esta información es valiosa para el análisis de riesgos y la detección de posibles actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
