Las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) son individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en México o en países extranjeros. Según la LFPIORPI, las entidades deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada a las PEPs debido al mayor riesgo de lavado de dinero asociado con su posición. Esto incluye a jefes de estado, líderes políticos, funcionarios gubernamentales de alto nivel, ejecutivos de empresas estatales, y sus familiares cercanos y asociados. Las entidades deben identificar a las PEPs, evaluar su riesgo y aplicar un monitoreo más estricto a sus transacciones.
