La debida diligencia reforzada es un conjunto de medidas adicionales que las entidades deben aplicar a clientes o transacciones consideradas de alto riesgo según la LFPIORPI. Esto puede incluir: obtener información adicional sobre el cliente y su beneficiario final; comprender la naturaleza del negocio del cliente y su estructura de propiedad; obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer o continuar la relación comercial; realizar un monitoreo más frecuente y detallado de las transacciones; y en algunos casos, realizar visitas al domicilio del cliente. Estas medidas buscan mitigar los riesgos asociados con clientes o transacciones de alto riesgo.