Las sanciones por incumplimiento de la LFPIORPI pueden ser administrativas o penales, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones administrativas pueden incluir multas que van desde 200 hasta 65,000 veces el salario mínimo general vigente. En casos graves, se puede revocar permisos de operación o incluso ordenar la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Las sanciones penales pueden incluir penas de prisión de dos a ocho años para quienes proporcionen información falsa para ocultar el origen de los recursos. Es crucial que las entidades cumplan rigurosamente con la ley para evitar estas sanciones.
