Las personas morales de alto riesgo, según la LFPIORPI, son entidades que por su naturaleza, características o el contexto en el que operan, presentan un mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero. Esto puede incluir empresas que operan en sectores económicos susceptibles al lavado de dinero, empresas con estructuras de propiedad complejas o poco transparentes, empresas que realizan un alto volumen de transacciones en efectivo, o aquellas ubicadas en jurisdicciones de alto riesgo. Las entidades obligadas deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada a estas personas morales.
