Las jurisdicciones de alto riesgo, en el contexto de la LFPIORPI, son países o territorios que presentan deficiencias significativas en sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas pueden incluir países identificados por el GAFI como no cooperantes o con deficiencias estratégicas, o aquellos conocidos por altos niveles de corrupción o actividad criminal. La LFPIORPI requiere que las entidades apliquen medidas de debida diligencia reforzada a clientes y transacciones relacionadas con estas jurisdicciones, lo que puede incluir una mayor supervisión y aprobaciones adicionales.
